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La sentencia del 2 de julio amplía la capacidad de los juzgados de lo mercantil para decidir sobre la condonación de hasta un 70% de las deudas contraídas con la Administración de aquellos autónomos en situación de insolvencia. El Supremo deja en mano de los tribunales la posibilidad de decidir sobre qué cantidad queda fuera de la quita y que se pueda fraccionar en un plazo máximo de 5 años, previo pacto y según la capacidad económica del autónomo afectado.